La verdad sobre El BID

UN MODELO DE DESARROLLO Y AL MISMO TIEMPO DE DESIGUALDAD

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.

Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más pobre.

Adicionalmente, se ve un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.

Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. Se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.

Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Promoviendo la privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.

Por:
Mauricio Zuluaga Ruiz

La Manipulación en los Organos de Control

Procuraduría General de la Nación,
sinónimo de desacato y desobediencia

En Colombia definitivamente las cosas cada vez más parecen al revés, como lo acaba de afirmar el ex Gobernador Alan Jara: “la guerrilla nos protegía de los disparos del Ejercito”, y esto se puede afirmar por tres casos concretos, para no ser exhaustivos, de lo que viene aconteciendo en nuestro país; el ascenso del Coronel Santoyo a General, el atornillamiento del Director de INVIAS a su cargo y las consabidas acciones de Invercolsa en manos del ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, veamos cada una de estas perlas:

El primer caso tiene que ver con el ascenso a General de la República del Coronel de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. El Coronel Santoyo fue Comandante del Gaula de Antioquia de diciembre de 1997 a febrero de 2001, tiempo durante el cual se realizaron bajo su mando 1.808 interceptaciones telefónicas ilegales que vulneraban y violaban los derechos de los ciudadanos investigados.

Mediante Decreto 1811 del 7 de agosto 2002, el Coronel Santoyo es nombrado como Secretario para la Seguridad del Presidente en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó el 7 de octubre del 2003 al encontrarlo responsable de las mencionadas “chuzadas” y que para autorizarlas llegaron incluso a falsificar firmas de fiscales.

La destitución quedó en firme en noviembre del 2004, pero Santoyo no se notificó, no obstante las citaciones del Ministerio Público. La defensa del Coronel se valió de artilugios legales y jurídicos para argumentar que la notificación era ilegal, por lo cual solicitó la revocatoria de la medida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien al negar la demanda dio pie a que Santoyo acudiera al Consejo de Estado para que finalmente se decidiera suspender la destitución mientras se analiza el expediente y falla. Mientras tanto, el Ministro de Defensa ordenó su reintegro al servicio activo.

Sumado a lo anterior, el Coronel Santoyo fue llamado a hacer curso de General y el pasado mes de diciembre fue ascendido a General por votación de 10 a 4 en el Congreso de la República. La pregunta evidentemente es: ¿entonces para qué una Procuraduría General de la Nación de desobediencia y desacato?

El segundo caso tiene que ver con el atornillamiento del Director de INVIAS Daniel García Arizabaleta a su cargo. Según la Procuraduría General de la Nación, el señor García fue encontrado responsable de once faltas disciplinarias en el proceso que le seguía, algunos de ellos fueron posteriormente desistidos pero finalmente la investigación lo declaró culpable, lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cualquier cargo en el Estado. De acuerdo a la investigación de la Procuraduría, algunas de las faltas gravísimas tienen que ver con presentar documentos falsos en su hoja de vida e incurrir en conflictos de intereses para beneficio propio.

Según el Ministerio Público el ex funcionario cometió seis faltas gravísimas desde 2002 hasta 2006, año que asumió como Director en propiedad de INVIAS. “Las exigencias de requisitos y perfiles para cargos públicos e incluso privados no corresponden a caprichos infundados de quien ostenta el poder”, afirmó el Procurador General de la Nación.

La investigación encontró por ejemplo que el señor García acreditó experiencia profesional en la empresa de su progenitor cuando todavía se encontraba como estudiante de arquitectura. Así mismo pudo haber incurrido en presunta incompatibilidad por tomar posesión del cargo de Director General de Coldeportes encontrándose vinculado, nombrado y en ejercicio del cargo de asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Por qué la Procuraduría reacciona cinco años después dejando prescribir esta acción disciplinaria?

Por último modificó los requisitos exigidos en los manuales de funciones tanto de Coldeportes como de INVIAS para beneficio personal, pues mientras que en Coldeportes cambió los requisitos para tener a sus amigos como directivos, en INVIAS lo hizo para beneficio propio e incluyó su profesión para poder acceder a Director de INVIAS en propiedad, lo cual hizo siendo Director encargado. Obviamente el país entero ha rechazado la conducta del señor Daniel García, ya que además de haber cometido las faltas gravísimas y después de haber sido destituido por la Procuraduría, continua en el cargo bajo la figura de licencia no remunerada, con el visto bueno del Ministro de Transporte, para supuestamente enfrentar las irregularidades personalmente. Lo anterior significa que el señor Daniel García todavía es Director de INVÍAS.

Pero adicional a lo anterior, lo curioso del caso es que a pesar de haber sido finalmente destituido del cargo, de ser inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos y de haberse encontrado según la Procuraduría responsable de seis de las once faltas investigadas, todavía está dando entrevistas y declaraciones en las que afirma: “ser un falso positivo de la Procuraduría”, particularmente del saliente Procurador Edgardo Maya.

Cabe recordar la Directiva Presidencial Nº 10 del 20 de agosto de 2002, dirigida a todos los mandos directivos del Gobierno, en la cual el Primer Mandatario explicaba la “intolerancia absoluta con los funcionarios corruptos” y esgrimía el argumento que “si a algún funcionario de la (…) administración se le vinculara procesalmente con actuaciones corruptas, primaría el interés general y la estabilidad institucional”(subrayado fuera de texto). Lo anterior, decía el Presidente en su Directiva “es de carácter eminentemente moral, y en ningún caso presume la culpabilidad del funcionario investigado”.

¿Por qué el Gobierno Nacional permite una licencia no remunerada al señor García cuando la Procuraduría General de la Nación ya lo destituyó, inhabilitó y demás? ¿Por qué continúa en el cargo de Director de INVÍAS escondiéndose bajo una figura de licencia no remunerada? El mundo al revés, como dice Alan Jara.

El último caso es el ya conocido por todo el país, las 145 millones de acciones de Invercolsa en poder del ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, quien ostentando falsamente calidad de trabajador de la empresa, adquirió en 1997 las acciones de dicha empresa.

Las triquiñuelas del ex Ministro han dado para todo. Desde los estrados judiciales más sencillos como los juzgados, pasando por los Tribunales Superiores y terminando en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. No obstante lo anterior y a pesar de que el Procurador General de la Nación profirió sentencia en la cual destituía al ex Ministro y lo inhabilitaba para ejercer cargos públicos por 27 años y que la Corte Constitucional fallara el 30 de mayo de 2007 y le ordenaba restituir las acciones de Invercolsa en un plazo de 10 días, no ha pasado nada.

En síntesis, los fallos proferidos por la Procuraduría General de la Nación son sinónimo de desacato y desobediencia, no se obedecen, no se respetan, no se les hace caso, mejor dicho, entre más se les incumpla, más premiados podrán ser. La pregunta que vuelve y juega sigue siendo: ¿entonces para que una Procuraduría sinónimo de desacato y desobediencia? Ser corruptos, facinerosos, irrespetuosos de la ley es lo que están pagando en este país, por eso estamos hastiados y asqueados de tanta burla al pueblo y al orden.

De complemento final queda por mencionar la liberación de Alan Jara, Sigifredo López y los cuatro miembros de la fuerza pública, la desautorización al Alto Consejero para la Paz, Luis Carlos Restrepo en el tema de los periodistas, los diez años de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela y la muerte de 30 afrocolombianos e indígenas en la carretera Medellín – Quibdó.

Mauricio Zuluaga Ruiz

Las Embajadas Colombianas

Embajadas y consulados colombianos: una oportunidad desaprovechada

De acuerdo con información de la Cancillería colombiana, el país cuenta con la siguiente representación diplomática en el exterior: 47 Embajadas, 63 Consulados y 5 Misiones Diplomáticas ante organismos internacionales. En ellas, un millar de ciudadanos colombianos representan los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro país, algunos de estos funcionarios hacen parte de la carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y otros hacen parte de la representación política, pero finalmente todos hacen parte del Gobierno Colombiano en el exterior.

Para las Embajadas de mayor importancia (EEUU con Carolina Barco, Reino Unido con Noemí Sanín, España con Carlos Rodado, Francia con Fernando Cepeda, entre otros se cuenta con personalidades de primera línea y de ahí en adelante se van barajando nombres que otrora han representado algún nombre o apellido para el país (Sabas Pretelt de la Vega, Julio Londoño Paredes, Claudia Turbay Quintero, Francisco Noguera, Luis Fernando Jaramillo, Camilo Ospina, Claudia Blum, Luis Guillermo Ángel, Rosso José Serrano, Carlos Holmes Trujillo, Tony Jozame, Francisco Lloreda, Juan Alfredo Pinto, Patricia Cárdenas, etc., etc., etc.), es decir, ex ministros, ex viceministros, ex congresistas, ex directivos, solo ex, ex, ex.

Ha habido casos incluso, en que nuestras representaciones diplomáticas han dejado mucho que desear, recordemos por ejemplo a Carlos Moreno de Caro como Embajador ante Sudáfrica, Salvador Arana como Embajador en Chile, Jorge Noguera como Cónsul en Milán o casos menos sonados como el escándalo acontecido con el ex Cónsul de Colombia en Tabatinga, Marco Antonio Caicedo Avendaño en la frontera con Brasil, o la perla más reciente del cónsul en la ciudad venezolana de Maracaibo, Carlos Galvis Fajardo, quien tuvo que renunciar por sus comentarios sobre las elecciones regionales del país vecino con José Obdulio Gaviria, alto consejero presidencial de Uribe, o lo que se puede esperar de nuestras relaciones con Sudáfrica al nombrar como nuevo Embajador a Edgar Perea.

Las embajadas y consulados colombianos están siendo una oportunidad desaprovechada para el país, sólo se están utilizando para el pago de favores políticos o para mantener buenas relaciones con apellidos tradicionales en el país, pero no se están viendo como alternativas de negocios con el resto del mundo, como nuevos nichos de mercado y como nuevas posibilidades para buscar más y mejores alternativas para los productos y productores de Colombia en el exterior.

Las representaciones diplomáticas en el exterior, pero sobre todo los consulados, deben ser una ventana de negocios, una oportunidad de venta, una representación que verdaderamente sepa los avatares de los negocios internacionales que apoyen la labor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que promuevan el nombre del país en el exterior y no sólo sirvan para representar a Colombia en cócteles o reuniones de gala que poco sirven y mucho le cuestan a los bolsillos de todos los colombianos a través de sus impuestos.

Por ello, se recomienda que las embajadas y en mayor medida los consulados funcionen como las notarías en el país, que se auto sostengan y que además un porcentaje de los recursos que generen sean para el erario público. Por ejemplo, los principales Consulados de Colombia en el exterior son Miami, Madrid, Barcelona, Caracas, entre otros, éstos deberían servir como casos piloto para implementar las medidas, donde el Cónsul General venda servicios, genere recursos, auto sostenga el consulado y además genere ganancias. Si esto funciona bien, cada consulado podría tener sus propios ingresos, tendrían que moverse más en el país donde se ubiquen, buscar más negocios, más empresarios e inversionistas interesados en Colombia y aportar más a la economía del país. Allí donde estas representaciones diplomáticas sólo generen costos, se debería tener, sólo por representación política, uno o dos delegados, sin que representen mayor carga para el fisco nacional o para los recursos recaudados y administrados por la Cancillería colombiana.

De esta forma se podrían abrir más consulados, se podrían promover más negocios, y sobre todo, se podría contar con funcionarios colombianos en el exterior que verdaderamente estén aportando al desarrollo del país desde el exterior y no sólo sirvan como una carga presupuestal que ande de cóctel en cóctel sin ningún servicio para el país.

Mauricio Zuluaga Ruiz