El Problema de Colombia

EL VERDADERO PROBLEMA EN COLOMBIA

“Un articulo que todo colombiano debe leer”

Como en primera instancia quiero dejar que esta frase de un distinguido Empresario Colombiano, haga el preámbulo a lo que será un abordaje de la causa del problema en Colombia, “Se siente frustración al percibir en sectores de la sociedad la corrupción que corroe como un mal peor que la propia violencia... Colombia ostenta el vergonzoso segundo lugar en Corrupción en América Latina y el tercer lugar en 52 Países” Citado en el Periódico el Colombiano, 30 de marzo de 2003, Pagina 2b.

En Colombia existen problemas que aun terminándose los conflictos con los grupos al margen de la ley (por la vía del sometimiento), estos problemas continuarían, entre estos tenemos: La doble moral, el doble discurso, Corrupción legalizada, Institucionalización de la mentira, El gran abismo existente entre ricos y pobres, Sociedad clasista, elitista y racista, Una clase dirigente en conspiración con los que tienen el poder económico: arrogantes, egoístas y opresores, Discriminación étnica y social, Estigmatización y Exclusión a la cual están sometidas algunas regiones por la clase dirigente nacional en su mayoría del interior del país. Y para rematar en esta época, solo enfocan sus “””arduos”””esfuerzos en buscar la zancadilla para obtener el poder, en procura de que ellos sin son los HOMBRES Y MUJERES HONESTOS DE ESTA DEMOCRACIA.

Nuestros verdaderos problemas están en la mentalidad, de allí que las reglas, las leyes, los condicionamientos no han podido cambiar el perverso proceder. Con las herramientas antes mencionadas se logrará tal vez, el sometimiento temporal del individuo, pero no su consentimiento y voluntad para confiar en que él propenderá por el bien y por una Colombia en paz; puesto que el problema tiene su caldo de cultivo en la mente, de donde se reproduce cada vez que tiene la oportunidad, germina en el suelo fértil de la impunidad, la complicidad, y crece con los nutrientes que le proporciona la conspiración, la intolerancia y el egoísmo. De manera potencial esta sociedad es inclinadamente tendenciosa a la perversidad. No es sino que se haga la ley, para prohibir o controlar algo, cuando ya se crea la trampa; es mas yo pienso que en Colombia, no se aprueban leyes hasta tanto, no se hayan ideado la forma de hacer la trampa a esa ley. Hemos desarrollado toda una industria de la farsa, la hipocresía y la falacia, somos expertos en burlar la ley sin violarla, pero en escandalizarnos cuando lo hacen los demás y descubrir que los demás si la violan. PORQUE NO TOMAMOS UNO A UNO LA DECISIÓN DE HACER LAS COSAS CORRECTAS SIN DEJARNOS PERSUADIR POR UN DISCURSO LLENO DE DEMAGOGIA Y PALABRAS BONITAS QUE QUIEN LO DICE, PIENSO NO TIENE NI IDEA COMO LLVARLO A LA REALIDAD.

Dado que el problema no es propiamente material sino mental, sería de lo más conveniente que revisemos nuestros paradigmas, nuestros imaginarios colectivos y todos esos edificios mentales, prejuicios y preconceptos que hemos construido en torno a los demás y para nuestro voraz apetito, esa forma de utilizar al otro solo cuando sirve a nuestros intereses, ese doble discurso de “trabajar por los pobres” solo cuando esto posiciona el nombre en la campaña política. Esa doble moral de organizaciones de ayuda y beneficencia de solo aportar cuando hay catástrofe y están seguras que saldrán por la televisión. Esa doble moral de hacer las leyes para pagar impuestos y dejar una vía de escape (elusión) para el conglomerado empresarial que se representa. Ese doble discurso de una Colombia en donde haya la paz y se respeten los derechos humanos, y condenar a los demás al ostracismo (sálvese quien pueda) y el darwinismo social -si se adapta sobreviva, sino extíngase. O lo peor, crear referendos que cuestan $$$$$$, pero no hay presupuesto para lo que produce, y finalmente adaptarse a una serie de conductas que son enteramente reprochables, falsos positivos, un porcentaje alto del congreso en problemas, todo para que al final termine mal y con un arrepentimiento del que no se puede ir hacia atrás.

No es extrañar que ya no sea malo robarle al Estado, pues es un pecado venial que se paga en una casa-cárcel, mientras que el ladronzuelo, comete un pecado capital, que paga en uno de las mazmorras de una cárcel publica. Pero ya sea en una u otra forma como se pretenda adaptarse para sobrevivir, si se hace fraudulentamente es perverso, no importa quien lo haga. No trato aquí de hacer apología al comportamiento salvaje y perverso que muchos ponen de presente en las calles del País, pues la perversidad no se legitima con la perversidad, ni la existencia del mal justifica, la conducta maligna; pero si es bueno dejar claro que el mal es perverso, condenable e inaceptable, no importa si lo hace el ladrón de la calle o el Ministro del Gabinete, no importa si lo hace el delincuente con una arma o si lo hace el Eminente empresario al firmar un contrato leonino para el Estado y para los contribuyentes. No importa si se hace en la calle del cartucho o en Palacio de Nariño, no importa si se hace en las comunas de Medellín o en el Alpujarra, no importa si lo hace el simple y sencillo policía que es cómplice de un negocio ilícito o si se hace en la Oficina de un Honorable Oficial de las fuerzas armadas, no importa si lo hace el delincuente con ínfulas de político o el eminente Senador con apariencia de cordero pero con mentalidad de delincuente. El mal es “mal” y es dañino y de ningún modo inaceptable, Pues esconde la verdad y crea descaro y cinismo. La degeneración del conflicto y el aumento de los problemas en Colombia, deben abordarse en la forma mas profunda con un componente eminentemente moral, y replantear muchos juicios de valores y la forma como se juzgan las cosas. Esa doble moral que dice reconocer la diversidad e igualdad racial, cuando por otro lado se excluye, se estigmatiza, se discrimina y en muchos casos el trabajo menos importante se les deja a etnias y clases desfavorecidas. Esa doble moral de querer acabar con la violencia, cuando no se acaba con el caldo de cultivo.

Es necesario un pacto Nacional, que todo colombiano sea sincero, y realmente diga en que País quiere vivir, y se deje claro el sacrificio equitativo y proporcional que corresponde hacer a cada grupo social. Roguemos al Dios del cielo que nuestros modelos mentales sean contextualizados con la realidad y cambien a favor de la paz de Colombia. Eso es un verdadero milagro. Sino pasa esto, dudo mucho, que haya paz en los próximos años. De forma tal que sería infortunado, pero necesario pensar en la misma suerte que corren Israelíes y Palestinos”. La historia de sangre. La clase política, la clase empresarial, y los ricos de Colombia parecen haber dicho hace mucho tiempo, y continúan repitiendo, aquello que dijeron los judíos cuando decidieron discriminar, asestar golpe de humillación y sufrimiento a Jesús, entonces expresaron: “Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”, pues bien señores ahí está, nuestra historia es más o menos esa. Infortunado, pero es así, pues la sangre, la hambruna, la humillación, la indignidad, el ostracismo, la mendicidad, y toda suerte de discriminación que han sufrido en Colombia los mas desfavorecido ahora parece caer sobre todos los colombianos, pero convertida en una marea de sangre y violencia que no tiene en cuenta ninguna distinción social. Solo un replanteamiento de los valores y una consideración del ser humano con todos sus derechos los dará el punto de partida para lograr la paz, o al menos convivir en la diferencia, y respetar los valores más elementales.

ORIGINAL DE: José Fredys Rivas Quinto, ADAPTACION por: JIMMY DAZA JIMENEZ.www.jimmydaza.comwww.jimmydaza.blogspot.com

La deuda externa

La Maldición Del Tercer Mundo

Por Andrés Arellano

La Deuda Externa de un país se define como la sumatoria de las cantidades de dinero que deben tanto el sector público (deuda pública), como el privado (deuda privada) de un país, a entes públicos o privados de otro u otros países, o a entes supranacionales como el FMI o el Banco Mundial.
En teoría, la deuda externa es un recurso o mecanismo del mercado que permite o ayuda al crecimiento o desarrollo de los países más atrasados, bajo la premisa de que los países que más tienen y ahorran, tienen la capacidad de prestarles a los que más necesitan para que inviertan y sufraguen sus necesidades más importantes, sirviendo uno de los impulsos necesarios para que salgan de su atraso económico. Una de las ventajas más importantes de que un país se endeude radica en que estos no usan sus propios recursos, los que quedan disponibles para alguna situación de catástrofe, o como mecanismo asegurador para que la moneda nacional no pierda su valor por la depreciación.
No obstante lo anterior, la deuda externa ha sido tal vez el peor negocio en el que los países del tercer mundo hayan podido enfrascarse, convirtiéndose está en una inmensa carga fiscal para los gobiernos nacionales, la que además no contrajo ningún tipo de desarrollo o crecimiento económico a sus ciudadanos.
El origen de la deuda se dio a principios de la década de los años setentas, cuando el embargo de la OPEP como respuesta al apoyo dado por los Estados Unidos a Israel en la Guerra del Yom Kippur, elevando de manera exponencial los precios del petróleo. Lo anterior generó que los petroestados aumentaran sus ingresos de manera sustancial, llenando sus cuentas en los bancos europeos y norteamericanos de manera significativa.
Dado que el sistema financiero internacional había incrementado su capacidad de prestar gracias a la liquides de los petrodólares, los países encuentran unas tasas de interés sumamente bajas en los bancos internacionales, por lo que deciden recurrir a esos créditos de manera impetuosa. Gracias a que la coyuntura internacional permitía pensar que las tasas de interés iban a seguir bajando, la mayoría de los préstamos a importantes países como Brasil y Méjico, se hicieron a tasas de interés variable.
Sin embargo, a principios de los años ochentas el alto precio del barril hizo que la inflación en Estados Unidos subiera de manera considerable, lo que obligó a la FED a subir la tasa de referencia del mercado y con ellas las de interés de manera abrupta, como una manera de enfrentar el alza de los precios en la economía. De esa forma, muchos países vieron como de manera inclemente el precio del servicio de la deuda subía mes a mes, dado que se pactaron préstamos a tasas variables a las condiciones del mercado.
Uno a uno los países endeudados empezaron a sentir el peso que el servicio de la deuda tenía en sus finanzas, por lo que poco a poco fueron declarándose en default. Gracias a ese fenómeno, en Latinoamérica se vivió lo que se conoce como la década perdida, diez años en que prácticamente todos los recursos de la economía se utilizaron para sufragar los intereses generados por el dinero prestado.
Desde ese momento hasta nuestros días, la deuda externa se ha convertido en un grandísimo problema para los países subdesarrollados, generando muchos más problemas de los que supuestamente iban a tratar de solucionar, de los que para colmo de males, tampoco eliminó ninguno.
El primero de los problemas radica en que muchos países se han visto obligados a endeudarse más para poder encontrar el capital faltante que genera el servicio de la deuda. El principal exponente de esa situación fue Argentina en la década de los años noventas y su estrecha relación con el FMI. El problema con estos préstamos los expuso de manera magistral el académico y ex funcionario del Banco Mundial Joseph Stiglitz en su libro, El Malestar De La Globalización; y principalmente radica en que los países que se hacen beneficiarios de los prestamos del organismo multilateral deben adherirse por obligación a un ” programa de ajuste” que permite pagar a los acreedores lo que se debe, pero al costo de socavar la economía interna nacional.
El ajuste es claramente contrario a las políticas que históricamente se han usado como medio de rescate a las economías en recesión: reducir el gasto público, elevar las tasas de interés y cumplir con los compromisos adquiridos en el exterior. De esa manera lo que se busca es que el país ahorre en momentos de mucha crisis, para que con el dinero ahorrado se le pague a los acreedores extranjeros.
En ese sentido cabe preguntarse: ¿para qué entonces la plata que se le pide prestada al FMI? De manera increíble, el uso de ese dinero funciona sólo con dos fines: o se les paga a los acreedores extranjeros lo que se les debe, o se coloca en el sistema financiero internacional como reservas de los países. Es decir, en nada ayuda a solucionar el problema de la deuda, pero por el contrario, si lo incrementa, porque ahora se le debe además plata al organismo multilateral.
Por otro lado, es importante analizar cómo a los países endeudados se les promulgaba cómo era este el único medio por el que se podía tratar de salir adelante. Sin embargo, es de mucha importancia recordar como los dos países que se rebelaron contra este sistema: Rusia y Argentina, lograron salir de la crisis más rápido, con menos sufrimiento y menos desastres económicos que lo países que obedecieron las reglas del FMI; llegando a establecerse hoy en día en economías más estables y con la capacidad suficiente para asumir sus obligaciones internas, pero también sus deudas en el exterior.
Más trágico aún en esta lamentable situación se encuentra en el uso que varios países le han dado a los dineros recibidos, puesto que poco o nada ha ido a parar en la economía nacional, gran parte se ha ido en alimentar el aparato burocrático y corrupto de los países o, como se mencionó anteriormente, en el pago a los acreedores internacionales. En ese sentido se entiende el por qué del malestar en algunos sectores de la sociedad argentina frente al anuncio de la presidente Cristina Fernández de Kichner de pagar los que se le debe al Club de Paris, a pesar de que es un anuncio que se ha celebrado en el sector financiero internacional: y es que se siente como inconcebible que se gasten los recursos públicos en en el pago de una deuda de la que el pueblo no vio un sólo centavo.

La Salud en Colombia

Cómo mejorar el Sistema
de Salud en Colombia

Por: Mauricio Zuluaga Ruiz

La salud de los colombianos está enferma. El alcoholismo en algunos jóvenes comienza a los 10 años; el 10% de la población es adicta a drogas ilícitas; en Pereira hay serios brotes de paludismo; en Bucaramanga de chagas; en varias regiones del país pulula el dengue endémico; cada vez con mayor frecuencia se presentan episodios de rabia; se estima que 18% de errores son de responsabilidad médica; se viene presentando la tuberculosis multirresistente en combinación con el VIH (sida); la malnutrición en las etapas tempranas afecta de por vida a las personas; existen decenas de miles de embarazos precoces, sin planeación, sin deseo; mueren miles de mujeres en abortos clandestinos y las enfermedades de transmisión sexual crecen en forma rampante; el saneamiento o tratamiento de aguas residuales o servidas es pobrísimo, los centros de atención de cualquier tipo, excepto las de elite, sin ningún recurso educativo, con profesionales empíricos y con solo el conocimiento que les dejó una educación universitaria deficiente.

La inversión en salud equivale al 8% del PIB ó $18 billones de pesos, que van camino de ser $23 billones en 2010 con cobertura total pero de pésima calidad. Los resultados, en términos de salud y de calidad de los servicios, del gobierno actual no pueden ser peores en medio de una plétora de dinero.

Con la Constitución Política de 1991, se cambiaron esquemas y temas que afectaban la vida política, económica, social y ambiental del país. Uno de estos fue el tema de salud.

La Ley 100 de 1993 fundamentó la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS en Colombia, para lo cual incorporó la participación de agentes privados en el aseguramiento y prestación de servicios a la población afiliada, bajo un esquema conocido como “Competencia Regulada”, con la que se pretendía un óptimo beneficio social mediante la libre interacción de las fuerzas del mercado. El sistema se creó como un mercado competitivo con participación del sector privado para la prestación del servicio de salud, bajo la regulación, dirección, vigilancia y control del Estado, para ampliar la cobertura de dichos servicios a toda la población y eliminar el monopolio estatal en el aseguramiento en salud, que era ineficiente e inoperante.

Dicho sistema buscó asegurar la coherencia y eficiencia en la asignación de los recursos y la eficacia en la prestación de servicios, bajo los principios de universalidad, libertad de elección, solidaridad y equidad, esquema soportado sobre la triada Estado-mercado-solidaridad. El Estado como ente rector del Sistema a través del Ministerio de la Protección Social, el mercado como ente encargado del aseguramiento bajo la modalidad de los regimenes contributivo y subsidiado a través de las Entidades Prestadoras de Salud -EPS y la Solidaridad, concebida como un derecho que tiene la población pobre y vulnerable al acceso al servicio público de salud.

El manejo de los recursos se realizaría a través del Fondo de Solidaridad y Garantías –Fosyga, como entidad estatal que tiene la función de redistribuir los recursos del sistema entre las aseguradoras encargadas de la afiliación y contratación de los servicios de salud, operando bajo el esquema de una sociedad fiduciaria.

En dicho mercado existe una oferta, constituida por dos tipos de organizaciones: las EPS, cuya función principal es la administración de los recursos del sistema para coordinar y garantizar a sus afiliados la prestación de los servicios de salud requeridos y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, encargadas de la atención en salud. Las EPS ofrecen un paquete de servicios definido como el Plan Obligatorio de Salud -POS, que es el conjunto integral de servicios de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.

Por su parte, la demanda de servicios de salud está organizada de acuerdo con la capacidad de pago de la población, en dos regímenes: al régimen contributivo pertenecen todas aquellas personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago; y el régimen subsidiado cubre a la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana que no tienen capacidad de pago. Las personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado, participan como vinculados, a quienes el Estado les cubre la atención inicial de urgencias, cuando así lo requieran. Cabe señalar que con este nuevo Sistema de Salud en el país, la expansión de la cobertura a través del régimen contributivo depende de la generación de empleo formal de carácter asalariado, esto es, del ciclo económico, por lo cual se puso a depender la salud de la población del comportamiento económico el país.

Así las cosas, el aumento de las coberturas en el régimen contributivo está altamente influenciado por la evolución del mercado de trabajo, particularmente, en lo relativo a la generación de empleo asalariado. Infortunadamente, las tendencias de generación de este tipo empleo desde que se inició la reforma no han sido las más favorables para el SGSSS.

Frente al manejo del riesgo como enfermedad, más conocida como la morbilidad, esto no cambió con la ley 100, todo lo contrario, el modelo de aseguramiento y atención en salud se basa en el acceso a los servicios por la enfermedad, de ahí que existan los "triages" o acceso a urgencias de acuerdo con la gravedad del diagnóstico y los síntomas y no por orden de llegada, por ejemplo, o las "citas prioritarias" creadas por las EPS que no es más que las urgencias sin sangre o riesgo de muerte que pueden esperar, o las mismas cuotas moderadoras y copagos, que regulan la "demanda de servicios".

Con la aplicación de este modelo, el país abrió paso a un esquema muy diferente al establecido hasta el momento el cual hasta antes de 1993, había sido el monopolio estatal a través del Instituto de Seguros Sociales -ISS en términos de salud, pensiones y riesgos profesionales. El modelo fue muy similar a los adoptados por otros países del continente (Chile, Estados Unidos, entre otros) y valga señalar que con este, se ha logrado la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, tanto para las personas con capacidad de pago, como para la población pobre y vulnerable, centrándose principalmente en los subsidios a la demanda, pero en detrimento absoluto de la calidad del servicio.

No obstante lo anterior y a pesar de todos estos esfuerzos y avances, el Estado no ha podido consolidar las instituciones que, a través de su papel regulador y de dirección y ejecución, garanticen la calidad en los servicios de salud, sin entorpecer el equilibrio financiero de los actores del Sistema. En este sentido, aún se hace necesario evaluar aspectos como: la estructura de ingresos del SGSSS, la falta de información del Sistema para la toma de decisiones, la actualización de las bases de datos de los afiliados al Sistema, la actualización del POS, la suficiencia de la Unidad por Capitación –UPC, la vigilancia y control y la participación ineficiente del Estado como asegurador en el mercado. Sobre esto último, el Estado no ha logrado la competitividad necesaria, pues no ha presentado resultados positivos ni en el ámbito social, ni en el económico, ni en el financiero.

Si bien el monopolio estatal no demostró no ser un modelo eficaz, tampoco lo es el entregar al sector privado la administración de los recursos del servicio público de salud, pues mientras exista un componente económico, en un mercado que no ofrece un escenario en el que los agentes que en él participan obtengan sus utilidades sin desmejorar la atención, las condiciones para los usuarios serán adversas. Si el Estado colombiano no tiene la capacidad para la organización y financiación de los recursos de salud, podría adoptar alguna de las siguientes alternativas:

Un modelo de mercado competitivo, pero en el que el POS sea diferencial, y se ofrezcan varios planes de beneficios de acuerdo con las necesidades y posibilidades de la población (fraccionar niveles de atención, con varios niveles de prima a pagar de acuerdo con las coberturas, por ejemplo), y no un sólo un plan integral en el que se tiene cabida para todos los servicios, pues con la acción de tutela se hace exigible cualquiera de ellos, en conectividad con el derecho fundamental a la vida, aún cuando a veces las tutelas ya no cumplen con su cometido inicial.

Un modelo intermedio en el que podría entregar el recaudo, distribución y pago de estos recursos a un tercero que los administre, cumpliendo funciones de seguridad social pero sin ánimo de lucro (vb. gr. las Cajas de Compensación Familiar), en donde los excedentes de la operación sean reinvertidos en el sector, y no como utilidad para organizaciones privadas.

Un solo pagador, concentrar un solo ente estatal que pague por los servicios de salud y evitar que los recursos pasen por tantas manos; EPS, EPSS (anteriores ARS), entidades territoriales que administran los recursos provenientes del SGP o transferencias de la Nación, etc. Los recursos del sistema de salud no alcanzan para cubrir las necesidades, con la Ley 100 de 1993 y la creación de intermediarios, se dispersan mucho los recursos y éstos no necesariamente cumplen su objetivo de mejorar las condiciones de vida y salud de la población. En las entidades territoriales a veces existen varias EPS que no son necesarias y los recursos del sistema se atomizan mucho y no alcanzan.

Además de tener un solo pagador, se debería pensar en mejorar el sistema de recaudo.

Hoy día las enfermedades catastróficas, las de alto costo (cáncer, enfermedades renales, etc.) no alcanzan a ser cubiertas ni con los recursos del Fosyga y los hospitales y clínicas han empezado a cubrir estos costos, lo cual redundará en su quiebra.

Como consecuencia de la Reforma a la Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993), que extendió la cobertura del servicio al núcleo familiar, era de esperarse un aumento sostenido en la población afiliada, la cual esta compuesta por la suma de cotizantes más beneficiario. Pero el crecimiento del empleo, incluso bajo condiciones de alto crecimiento económico, no resulta suficiente para extender la cobertura del sistema en el mediano plazo. Esto pone de presente que uno de los fundamentos bajo los cuales se concibió el actual SGSSS, consistente en atar una parte de la evolución del número de afiliados a lo que suceda en el mercado de trabajo formal, no garantiza un aumento sustancial de las coberturas, incluso bajo un escenario hipotético de crecimiento económico que supere con creces las tendencias históricas. Las Estadísticas muestran que en Colombia ha habido crecimiento económico y sin embargo esto no ha respondido al crecimiento del empleo. Teóricamente se plantea que la demanda de empleo es una demanda derivada de la producción y el empleo depende del crecimiento del PIB. Si a esto se le agrega que la afiliación es función del empleo entonces la afiliación dependerá del crecimiento del PIB y cada día estaremos más cercanos a los niveles mínimos vitales en cobertura para la población.

Hoy día el sistema obliga a los médicos a atender a los pacientes en 12 minutos sin ni siquiera levantar la cabeza del computador, a recetar medicamentos de bajo costo que además no entregan por escasez del medicamento así sea aspirina, no remiten al especialista porque eso le cuesta más al sistema y enfermedades como cáncer, renales, etc., son todas no POS y la única manera de acceder al servicio es a través de las tutelas que igualmente tienen colapsado el sistema.

Mejor sería acceder a los servicio médicos ir cuando realmente se necesita y pagar lo que tenga que pagar una sola vez, pero sabiendo que tratan en forma debida al usuario. Entonces surge el tema de las enfermedades catastróficas y de alto costo: pues entonces que se aseguran quienes requieren de la compensación de unos con otros, pero no la obligatoriedad para todo el mundo.

Como conclusiones del tema; si es el Estado, el dilema es un modelo con la mayor cobertura, con suficiente financiación que realmente mantenga a la población sana, pero no existen recursos suficientes para el tema. Si es el usuario, el tema de cobertura y de costos acordes con los ingresos. Si es de la EPS, el tema de la rentabilidad y la sostenibilidad. Si es de las IPS, también es de rentabilidad tal vez social, de sostenibilidad financiera, pero también de escuelas médicas, de ética médica, de investigación y demás.

La falta de conciencia colectiva sobre lo que implica la salud para la población de un país no sólo recae sobre las EPS e IPS y la poca importancia que han concedido en el desarrollo de sus obligaciones a las actividades de promoción y fomento de la salud, y prevención de la enfermedad, sino también sobre la obligación legal que tienen todos los usuarios de cuidar su salud y hacer uso racional de los recursos e infraestructura del Sistema.

El Estado deberá asumir la redefinición y redirección del SGSSS, para que los actores de los mismos apunten al cumplimiento de políticas públicas de salud en el marco de la promoción y prevención y no sólo en el manejo de la morbilidad, teniendo en cuenta la importancia social y económica que reviste una sociedad sana y con condiciones de salud favorables.

El SGSSS requiere una revisión profunda para seguir evitando los paseos de la muerte, la estratificación en la calidad y prestación de los servicios de salud, los problemas culturales asociados a enfermedades, vacunación, salud pública, prevención, inspección, vigilancia y control y las asimetrías de información como riesgo moral, selección adversa y racionalidad truncada, temas técnicos, poco conocidos por el común de la población pero que afectan la calidad en la prestación del servicio y en general al sistema de salud en el país.

En síntesis, el sistema de salud hay que revisarlo a profundidad, porque de seguir así las cosas, en pocos años el sistema hará aguas y quien pagará las consecuencias será la población.

Empiezan las Campañas Politicas

ARRANCO LA CAMPAÑA

Por:
JORGE ENRIQUE VÉLEZ G.
Senador de la República
www.jorgeenriquevelez.com

Los colombianos viviremos en marzo del próximo año un nuevo capítulo de la política en Colombia y seremos los candidatos a las corporaciones y los ciudadanos los que tendremos en nuestras manos la posibilidad de generar el gran cambio histórico para que recuperemos la confianza en la clase política para el beneficio de las instituciones.

Las pasadas campañas y no me refiero a la última, si no las acontecidas en la última década se generó la costumbre de que la suerte de éstas se enmarcaba en compra de votos o algo parecido, con la entrega de mercados, con parrandas , orquestas y un gran derroche de dinero que hacía que los resultados no se dieran por la ideología del candidato si no por su capacidad de generar este tipo de prebendas.

Líderes barriales y comunales que han utilizado cada elección como su forma de sustento y que en cada elección hacían su agosto diciéndole a los candidatos que para que sus amigos votaran debían consignar una platica para poderlos acompañar y de esta manera conseguían los fondos suficientes para poder sobrevivir hasta que llegaran las próximas elecciones.

La responsabilidad en este tipo de irregularidades no solo es de ese tipo de personas, si no de algunos políticos inescrupulosos que consideran que los votos se consiguen en la última semana con la platica que se le da a esos famosos líderes. Todo esto se hizo, en su gran mayoría, con dineros de dudosa procedencia, todo esto permitió que muchos políticos de nuestro país alcanzaran sus curules durante muchos años.

Pero los hechos históricos ocurridos por los procesos de la parapolítica, que en unos casos han sido sólidamente comprobados y en otros para infortunio de la justicia y de la democracia, involucrados injustamente, llevaron a que se de una renovación mayoritaria de los representantes en el Congreso de la República.

Por eso desde hoy los colombianos debemos hacer un alto en el camino y establecer una interventoría de fondo, pues ya comienzan a aparecer estos famosos políticos que sacando la billetera o su chequera prometiendo dineros, pretenden alcanzar nuevamente su curul ya que su actividad política y de trabajo son tan pobres que de otra forma no podrían alcanzar su reelección.

Estoy totalmente convencido de que si una persona le invierte a una campaña más de los topes que establece la ley es porque su intención no es trabajar por Colombia sino por sus intereses particulares.

Por eso llegó el momento de que en Colombia se haga la transición de lo que tiene que ser el nuevo modelo democrático, para que el gran triunfador sea el voto de opinión y programático, que no es otro que el que tiene el colombiano que trabaja con vocación de servicio por los demás.

Históricamente, Colombia no está en su mejor momento político y la solución la tenemos todos, la respuesta la tiene usted. ¡Usted es quien decide!

Como salir de la crisis económica

A propósito de la crisis…
Cómo salir en Colombia de la debacle económica

Durante el 2008 la economía colombiana creció en 2,5% con relación al año 2007, por su parte, en el cuarto trimestre el PIB disminuyó en 0,7%, comparado con el mismo periodo del año anterior.

No se pueden eludir las raíces y los efectos de la crisis del capitalismo financiero mundial ni las fórmulas que se están diseñando para refrescar, una vez más, después de la crisis de 1929, el sistema capitalista de producción. Al respecto, se podría afirmar que las relaciones sociales de producción del capital ya no serán las mismas después de la crisis de 2008, tal como lo sugirió Barack Obama desde su posesión. Entre varias de las reformas de índole estructural, un nuevo marco de regulación y supervisión de las impetuosas y siempre rebeldes fuerzas de mercado será una de las más sofisticadas cirugías al sistema como un todo. El interés de fondo de EEUU será proponer el rediseño explícito de una nueva arquitectura institucional mundial a la llamada globalización económica.

Ahora bien, sin dejar de lado este contexto global, se podría traer a colación para Colombia algunas propuestas de corto, mediano y largo plazo. De las primeras y con un sentido de urgencia decisiva, hemos tenido un alud de proyectos que, en síntesis, invocan un activismo fiscal y monetario bastante pronunciado: bajar más las tasas de interés para reactivar el consumo y la inversión; elevar el gasto público a partir de megaproyectos de infraestructura, reducir impuestos tanto del lado de la oferta como de la demanda, aumentar los salarios reales, bajar el precio de la gasolina, etc. Todo ello con miras a reactivar el consumo de los hogares y de remate, recuperar los puestos de trabajo que se perderán por la vía de la disminución de las exportaciones, de las remesas y de la inversión extrajera directa, por cierto cayó de perlasla Asamblea de Gobernadores del BID en Medellín y vale la pena destacar la coordinación y esmerada atención que la ciudad les brindó a los asistentes.

Pero sigamos explorando alternativas que podrían funcionar:
1. Incrementar el establecimiento de zonas francas en áreas de alto desempleo, dando prioridad a industrias intensivas en el factor trabajo. Aunque esta medida ha sido controvertida, los argumentos por los cuales se cuestiona pierden validez en época de crisis, cuando es necesario realizar una política fiscal contracíclica. Por supuesto, estos privilegios deben considerar unos criterios mínimos que garanticen su permanencia.
2. En conjunto con las universidades y los centros de educación, abrir espacios de formación de capital humano, financiados con recursos privados (empresas y las mismas universidades). La idea es lograr que universidades privadas abran espacios gratuitos dirigidos a formar mano de obra no capacitada. El mantenimiento de estas personas debe ser financiado con recursos públicos. Los períodos considerados tienen que ser mayores a un año.
3. Incrementar la ofensiva con respecto a la apertura de espacios de exportación especializada. Las ruedas de negocios permanentes son una herramienta muy eficaz que puede ayudar a concretar mercados específicos. En este caso lo importante es hacer ruedas de negocios específicas, es decir con temáticas restringidas con base en las necesidades de los ofertantes y las oportunidades posibles.
4. Concentrar los recursos provenientes de créditos blandos en la construcción de grandes obras en áreas con alto desempleo. Esta tarea supone el establecimiento de acuerdos puntuales con los organismos otorgantes que permitan tal asignación de recursos. No tienen el mismo impacto, varias obras pequeñas en comparación con una sola obra grande.

También habría que seguir pensando en disminuir o redireccionar los parafiscales, apoyar las Mipymes, promover e implementar decididamente el seguro de desempleo, involucrar al sector bancario; disminuir su margen de intermediación, desmontar el 4 por mil de las transacciones financieras y apretarse el cinturón por parte del Gobierno Nacional. Incluso se han escuchado propuestas neoproteccionistas como …el consumo de lo nacional.

En general, sobre las medidas de choque hay un relativo consenso, no sólo a nivel académico sino a nivel político. Se trata de contener lo que técnicamente ya es una eventual recesión en el país, el crecimiento del PIB 2009 se pronostica entre 1,0% y máximo 2,0%, si le va bien no tanto al país, sino al entorno internacional. Con todo, donde se encuentra el tema relevante de discusión dura de propuestas viables e inteligentes es en el horizonte de mediano y largo plazo. Así, se escuchan cada vez argumentos de cambio de modelo económico, aunque la palabra modelo se torna cada vez más trillada, agotada. Paradójicamente se plantea que si Colombia está relativamente blindada a la crisis actual, es porque no había desarrollado plenamente los fundamentos del modelo económico dominante que recién hizo aguas.

En ese sentido y aprovechando la terquedad de los hechos nacionales e internacionales de la crisis, llegó la hora, dicen algunos con entusiasmo, de volcar todas las energías hacia un modelo de desarrollo activo Pro-pobres. En consecuencia, es imperativo volver a retomar un inteligente intervencionismo estatal; rescatar la importancia del mercado interno, con su respectiva creación activa y deliberada de nuevos y mejores empleos; la prioridad igual tanto para el crecimiento económico, como para la redistribución de la riqueza y el ingreso; el estímulo a proyectos estratégicos orientados al sector externo; así como la necesidad de una reforma rural, entre otros.

Por esto y muchas cosas más, los neokeynesianos, como el ave fénix, están de plácemes. No sólo por el descrédito a un monetarismo mal concebido, sino por el fracaso de un esquema neoliberal más fundado sobre los intereses de las grandes corporaciones, que sobre un rigoroso pensamiento neoclásico. En suma, sin negar los nuevos rumbos de una economía cada vez más globalizada, un nuevo modelo económico que, sin olvidar los efectos perversos de un Estado como el colombiano ni un proteccionismo paralizante y creador de rentas monopólicas, logre insertar creativa y productivamente la economía nacional a los nuevos circuitos del nuevo orden que resulte de las post crisis del 2008.

En el escenario más probable donde el capitalismo tendrá de nuevo la virtud de crear sus propios anticuerpos para contrarrestar el pronóstico de su autodestrucción, sólo resta pensar en transformaciones estructurales de mayor aliento y envergadura política. En efecto, se trata de temas neurálgicos que van allá de nuevos modelos económicos, independiente de la respectiva fundamentación teórica y política. Ante una intrincada red de macro problemas que desbordan exclusivamente la esfera económica, tales como el calentamiento global, la amenaza nuclear, la crisis energética, la hambruna, la emergencia de nuevos y viejos fundamentalismos, la sobrepoblación, etc., es definitivo asumir un enfoque más comprensivo e integral de la situación.
Es la hora pues, de abandonar la lógica del pensamiento lineal y alentar una lectura que mire varias causas y considere más dimensiones de las tradicionales. Éstos serán los asuntos más importantes para la supervivencia de la especie humana. Es cierto que lo económico es importante y en un sistema capitalista es su nervio central; pero, ¿tiene sentido hoy día recuperar la acumulación ampliada de capitales globalizados bajo un nuevo paradigma productivo, cuando la amenaza de la destrucción del planeta no es un simple alarmismo paranoico de ciertos ecologistas sin oficio? Resulta necesario estudiar y proponer una matriz que involucre los efectos económicos, políticos, ambientales, culturales y antropológicos que podrían ser la iniciativa para un nuevo modo de producción societal en el marco de un capitalismo rejuvenecido y bajo el control de una sociedad civil madura con sentido de pertenencia con nuestra “tierra-patria”.

Por Mauricio Zuluaga

La verdad sobre El BID

UN MODELO DE DESARROLLO Y AL MISMO TIEMPO DE DESIGUALDAD

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.

Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más pobre.

Adicionalmente, se ve un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.

Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. Se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.

Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Promoviendo la privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.

Por:
Mauricio Zuluaga Ruiz

La Manipulación en los Organos de Control

Procuraduría General de la Nación,
sinónimo de desacato y desobediencia

En Colombia definitivamente las cosas cada vez más parecen al revés, como lo acaba de afirmar el ex Gobernador Alan Jara: “la guerrilla nos protegía de los disparos del Ejercito”, y esto se puede afirmar por tres casos concretos, para no ser exhaustivos, de lo que viene aconteciendo en nuestro país; el ascenso del Coronel Santoyo a General, el atornillamiento del Director de INVIAS a su cargo y las consabidas acciones de Invercolsa en manos del ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, veamos cada una de estas perlas:

El primer caso tiene que ver con el ascenso a General de la República del Coronel de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. El Coronel Santoyo fue Comandante del Gaula de Antioquia de diciembre de 1997 a febrero de 2001, tiempo durante el cual se realizaron bajo su mando 1.808 interceptaciones telefónicas ilegales que vulneraban y violaban los derechos de los ciudadanos investigados.

Mediante Decreto 1811 del 7 de agosto 2002, el Coronel Santoyo es nombrado como Secretario para la Seguridad del Presidente en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó el 7 de octubre del 2003 al encontrarlo responsable de las mencionadas “chuzadas” y que para autorizarlas llegaron incluso a falsificar firmas de fiscales.

La destitución quedó en firme en noviembre del 2004, pero Santoyo no se notificó, no obstante las citaciones del Ministerio Público. La defensa del Coronel se valió de artilugios legales y jurídicos para argumentar que la notificación era ilegal, por lo cual solicitó la revocatoria de la medida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien al negar la demanda dio pie a que Santoyo acudiera al Consejo de Estado para que finalmente se decidiera suspender la destitución mientras se analiza el expediente y falla. Mientras tanto, el Ministro de Defensa ordenó su reintegro al servicio activo.

Sumado a lo anterior, el Coronel Santoyo fue llamado a hacer curso de General y el pasado mes de diciembre fue ascendido a General por votación de 10 a 4 en el Congreso de la República. La pregunta evidentemente es: ¿entonces para qué una Procuraduría General de la Nación de desobediencia y desacato?

El segundo caso tiene que ver con el atornillamiento del Director de INVIAS Daniel García Arizabaleta a su cargo. Según la Procuraduría General de la Nación, el señor García fue encontrado responsable de once faltas disciplinarias en el proceso que le seguía, algunos de ellos fueron posteriormente desistidos pero finalmente la investigación lo declaró culpable, lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cualquier cargo en el Estado. De acuerdo a la investigación de la Procuraduría, algunas de las faltas gravísimas tienen que ver con presentar documentos falsos en su hoja de vida e incurrir en conflictos de intereses para beneficio propio.

Según el Ministerio Público el ex funcionario cometió seis faltas gravísimas desde 2002 hasta 2006, año que asumió como Director en propiedad de INVIAS. “Las exigencias de requisitos y perfiles para cargos públicos e incluso privados no corresponden a caprichos infundados de quien ostenta el poder”, afirmó el Procurador General de la Nación.

La investigación encontró por ejemplo que el señor García acreditó experiencia profesional en la empresa de su progenitor cuando todavía se encontraba como estudiante de arquitectura. Así mismo pudo haber incurrido en presunta incompatibilidad por tomar posesión del cargo de Director General de Coldeportes encontrándose vinculado, nombrado y en ejercicio del cargo de asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Por qué la Procuraduría reacciona cinco años después dejando prescribir esta acción disciplinaria?

Por último modificó los requisitos exigidos en los manuales de funciones tanto de Coldeportes como de INVIAS para beneficio personal, pues mientras que en Coldeportes cambió los requisitos para tener a sus amigos como directivos, en INVIAS lo hizo para beneficio propio e incluyó su profesión para poder acceder a Director de INVIAS en propiedad, lo cual hizo siendo Director encargado. Obviamente el país entero ha rechazado la conducta del señor Daniel García, ya que además de haber cometido las faltas gravísimas y después de haber sido destituido por la Procuraduría, continua en el cargo bajo la figura de licencia no remunerada, con el visto bueno del Ministro de Transporte, para supuestamente enfrentar las irregularidades personalmente. Lo anterior significa que el señor Daniel García todavía es Director de INVÍAS.

Pero adicional a lo anterior, lo curioso del caso es que a pesar de haber sido finalmente destituido del cargo, de ser inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos y de haberse encontrado según la Procuraduría responsable de seis de las once faltas investigadas, todavía está dando entrevistas y declaraciones en las que afirma: “ser un falso positivo de la Procuraduría”, particularmente del saliente Procurador Edgardo Maya.

Cabe recordar la Directiva Presidencial Nº 10 del 20 de agosto de 2002, dirigida a todos los mandos directivos del Gobierno, en la cual el Primer Mandatario explicaba la “intolerancia absoluta con los funcionarios corruptos” y esgrimía el argumento que “si a algún funcionario de la (…) administración se le vinculara procesalmente con actuaciones corruptas, primaría el interés general y la estabilidad institucional”(subrayado fuera de texto). Lo anterior, decía el Presidente en su Directiva “es de carácter eminentemente moral, y en ningún caso presume la culpabilidad del funcionario investigado”.

¿Por qué el Gobierno Nacional permite una licencia no remunerada al señor García cuando la Procuraduría General de la Nación ya lo destituyó, inhabilitó y demás? ¿Por qué continúa en el cargo de Director de INVÍAS escondiéndose bajo una figura de licencia no remunerada? El mundo al revés, como dice Alan Jara.

El último caso es el ya conocido por todo el país, las 145 millones de acciones de Invercolsa en poder del ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, quien ostentando falsamente calidad de trabajador de la empresa, adquirió en 1997 las acciones de dicha empresa.

Las triquiñuelas del ex Ministro han dado para todo. Desde los estrados judiciales más sencillos como los juzgados, pasando por los Tribunales Superiores y terminando en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. No obstante lo anterior y a pesar de que el Procurador General de la Nación profirió sentencia en la cual destituía al ex Ministro y lo inhabilitaba para ejercer cargos públicos por 27 años y que la Corte Constitucional fallara el 30 de mayo de 2007 y le ordenaba restituir las acciones de Invercolsa en un plazo de 10 días, no ha pasado nada.

En síntesis, los fallos proferidos por la Procuraduría General de la Nación son sinónimo de desacato y desobediencia, no se obedecen, no se respetan, no se les hace caso, mejor dicho, entre más se les incumpla, más premiados podrán ser. La pregunta que vuelve y juega sigue siendo: ¿entonces para que una Procuraduría sinónimo de desacato y desobediencia? Ser corruptos, facinerosos, irrespetuosos de la ley es lo que están pagando en este país, por eso estamos hastiados y asqueados de tanta burla al pueblo y al orden.

De complemento final queda por mencionar la liberación de Alan Jara, Sigifredo López y los cuatro miembros de la fuerza pública, la desautorización al Alto Consejero para la Paz, Luis Carlos Restrepo en el tema de los periodistas, los diez años de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela y la muerte de 30 afrocolombianos e indígenas en la carretera Medellín – Quibdó.

Mauricio Zuluaga Ruiz

Las Embajadas Colombianas

Embajadas y consulados colombianos: una oportunidad desaprovechada

De acuerdo con información de la Cancillería colombiana, el país cuenta con la siguiente representación diplomática en el exterior: 47 Embajadas, 63 Consulados y 5 Misiones Diplomáticas ante organismos internacionales. En ellas, un millar de ciudadanos colombianos representan los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro país, algunos de estos funcionarios hacen parte de la carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y otros hacen parte de la representación política, pero finalmente todos hacen parte del Gobierno Colombiano en el exterior.

Para las Embajadas de mayor importancia (EEUU con Carolina Barco, Reino Unido con Noemí Sanín, España con Carlos Rodado, Francia con Fernando Cepeda, entre otros se cuenta con personalidades de primera línea y de ahí en adelante se van barajando nombres que otrora han representado algún nombre o apellido para el país (Sabas Pretelt de la Vega, Julio Londoño Paredes, Claudia Turbay Quintero, Francisco Noguera, Luis Fernando Jaramillo, Camilo Ospina, Claudia Blum, Luis Guillermo Ángel, Rosso José Serrano, Carlos Holmes Trujillo, Tony Jozame, Francisco Lloreda, Juan Alfredo Pinto, Patricia Cárdenas, etc., etc., etc.), es decir, ex ministros, ex viceministros, ex congresistas, ex directivos, solo ex, ex, ex.

Ha habido casos incluso, en que nuestras representaciones diplomáticas han dejado mucho que desear, recordemos por ejemplo a Carlos Moreno de Caro como Embajador ante Sudáfrica, Salvador Arana como Embajador en Chile, Jorge Noguera como Cónsul en Milán o casos menos sonados como el escándalo acontecido con el ex Cónsul de Colombia en Tabatinga, Marco Antonio Caicedo Avendaño en la frontera con Brasil, o la perla más reciente del cónsul en la ciudad venezolana de Maracaibo, Carlos Galvis Fajardo, quien tuvo que renunciar por sus comentarios sobre las elecciones regionales del país vecino con José Obdulio Gaviria, alto consejero presidencial de Uribe, o lo que se puede esperar de nuestras relaciones con Sudáfrica al nombrar como nuevo Embajador a Edgar Perea.

Las embajadas y consulados colombianos están siendo una oportunidad desaprovechada para el país, sólo se están utilizando para el pago de favores políticos o para mantener buenas relaciones con apellidos tradicionales en el país, pero no se están viendo como alternativas de negocios con el resto del mundo, como nuevos nichos de mercado y como nuevas posibilidades para buscar más y mejores alternativas para los productos y productores de Colombia en el exterior.

Las representaciones diplomáticas en el exterior, pero sobre todo los consulados, deben ser una ventana de negocios, una oportunidad de venta, una representación que verdaderamente sepa los avatares de los negocios internacionales que apoyen la labor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que promuevan el nombre del país en el exterior y no sólo sirvan para representar a Colombia en cócteles o reuniones de gala que poco sirven y mucho le cuestan a los bolsillos de todos los colombianos a través de sus impuestos.

Por ello, se recomienda que las embajadas y en mayor medida los consulados funcionen como las notarías en el país, que se auto sostengan y que además un porcentaje de los recursos que generen sean para el erario público. Por ejemplo, los principales Consulados de Colombia en el exterior son Miami, Madrid, Barcelona, Caracas, entre otros, éstos deberían servir como casos piloto para implementar las medidas, donde el Cónsul General venda servicios, genere recursos, auto sostenga el consulado y además genere ganancias. Si esto funciona bien, cada consulado podría tener sus propios ingresos, tendrían que moverse más en el país donde se ubiquen, buscar más negocios, más empresarios e inversionistas interesados en Colombia y aportar más a la economía del país. Allí donde estas representaciones diplomáticas sólo generen costos, se debería tener, sólo por representación política, uno o dos delegados, sin que representen mayor carga para el fisco nacional o para los recursos recaudados y administrados por la Cancillería colombiana.

De esta forma se podrían abrir más consulados, se podrían promover más negocios, y sobre todo, se podría contar con funcionarios colombianos en el exterior que verdaderamente estén aportando al desarrollo del país desde el exterior y no sólo sirvan como una carga presupuestal que ande de cóctel en cóctel sin ningún servicio para el país.

Mauricio Zuluaga Ruiz